Es Ley la reforma política. El debate se ha realizado. Sus ecos se han acallado. Nuevos temas atraen la atención periodística. Pero la ley que fija las reglas del juego se aplicara el próximo turno electoral. Ley que es una modificación de la vigente acerca de los partidos políticos y el régimen electoral. Y que, sin dejar de ser de suma importancia para la convivencia ciudadana, no ha desarrollado un debate paralelo acerca de la participación de la sociedad civil en el sistema institucional.

Las modernas democracias de occidente difícilmente pueden desempeñarse, sostenerse y promover el bien común sin las instituciones que conforman la base de su organización social. Cuando hablamos de instituciones no solo nos referimos a las del sistema republicano, sino también a las que le dan sustento al sistema democrático: partidos políticos y medios de comunicación.

También, a las que legitiman luego cualquier gobierno: las organizaciones de la sociedad civil que conforman el tejido orgánico de la nación.

La calidad institucional de un país hace a su calidad de vida. Y la estabilidad del sistema democrático de gobierno depende de que los ciudadanos estén conformes con esa calidad de vida.

Los partidos políticos

Su origen puede situarse a mediados del siglo 19 en Inglaterra y Francia durante las revoluciones industrial y francesa respectivamente, que consolidan económica y políticamente, el ascenso de la burguesía como clase dominante.

Esa burguesía había permanecido neutral durante la revolución francesa en la que se habían enfrentado el pueblo llano con el clero, la monarquía y la milicia. Napoleón recurrió a ella para organizar el Estado Nuevo. Ese Estado Nuevo requería nuevas formas de organización política que sustituyeran a las corporativas - donde la opinión y el interés caminaban de la mano – por otras que separaran aquellas cuestiones.

Así, los partidos políticos se constituyeron en vehículos para la expresión de la opinión de los ciudadanos y los sindicatos se organizaron para la defensa de los intereses del grupo de referencia. Los primeros partidos surgen a partir de la actividad parlamentaria como partidos de notables o clubes que reunían personas con una visión e intereses similares de la realidad política y social.

A medida que el reclamo de mayor participación fue ganando espacio, los partidos debieron darle respuesta y aparecieron los partidos de masas, organizados como aparatos políticos mediadores entre la sociedad y el estado. Este sistema de partidos, con matices y diferencias de tiempo y lugar, es el que ha llegado hasta nuestros días a través de sucesivas etapas de modernización donde el objetivo central es el de permitir y garantizar la mas amplia participación ciudadana. Son los actores excluyentes de los procesos electorales y de la integración de las instituciones de representación y de gobierno.

Contribuyen a la formación de la opinión pública y la dinámica del sistema de partidos ofrece a la ciudadanía diversas opciones de propuestas y estilos, al tiempo que permite un juego institucional de pesos y contrapesos, de oficialismo y oposición, imprescindible a la vida democrática. Esta evolución de los partidos fue acompañada por una evolución paralela de la jerarquía de la norma que los habilitaba. El camino en la afirmación de los partidos como instrumentos de representación y mediación, y de su legalidad en el escenario social no ha sido fácil: primero fueron reconocidos por los reglamentos legislativos, luego por las leyes que consagraron su existencia y finalmente en las cartas constitucionales más avanzadas.

Tampoco lo fue convertirse en vehículos efectivos de participación popular a la hora de elegir un gobierno. No ha sido fácil ni lo es ahora, pero por otros motivos. Y si bien muchos dirigentes han hecho méritos mas que suficientes para caer en el descrédito y sumir a los partidos, la política y ellos mismos en un estado de desprestigio enorme que pone en riesgo a la misma democracia, también es cierto que desde ciertas usinas de pensamiento y de formación de opinión se agita este sentimiento ciudadano con fines inconfesables.

De lo político a los social

El proceso evolutivo ha llevado a la humanidad a organizarse en agrupamientos cada vez mayores, habiendo alcanzado a fines del siglo pasado un sistema con un alto grado de universalización denominado globalización. Esta etapa universalista esta signada fundamentalmente por la preocupación social.

El siglo XXI es el de la preeminencia de lo social sobre lo político y lo económico porque las sociedades exigen que el costo del progreso sea repartido equitativamente entre todos los sectores.

Es por eso que la función mediadora y de representación de los partidos esta en crisis. Es cada día más evidente que la existencia de un sistema plural de partidos es lo mejor para elegir las instituciones parlamentarias y ejecutivas. Pero también, que no se puede gobernar sino se incorporan las expresiones sociales que se manifiestan a diario a través de grupos de interés o de opinión a todo lo largo y lo ancho del cuerpo social.

Desde sindicatos a asociaciones empresarias, de movimientos culturales a movimientos sociales, de organizaciones ecologistas a entidades intermedias de todo tipo, fundaciones, ONGs de toda clase y objetivos, asociaciones de consumidores y educativas, instituciones de opinión pública, etc. se mueven y agitan dentro de las comunidades exigiendo su lugar a la hora de tomar las decisiones que los incumben.

 El sistema político argentino no escapa a esta realidad. Se verifica una tensión casi insoportable entre la participación partidaria a los efectos de acceder al gobierno y la representación efectiva que esos partidos tienen a la hora de gobernar. Tensión que esta haciendo estragos en la confianza publica respecto de la habilidad de la política de partidos para solucionar en soledad los problemas de la gente.

 Es la sociedad civil que busca su lugar y su protagonismo en una democracia integrada que además de republicana, representativa y federal sea también social. La Constitución Nacional ha tomado en consideración los principios del constitucionalismo social en su redacción actual. Y muchas constituciones de provincia han avanzado un paso más y han declarado en sus textos que constituimos una democracia republicana, representativa, federal y social.

La sociedad civil

En sus comienzos por sociedad civil se entendía sociedad políticamente organizada en contraposición al estado de naturaleza. Con posterioridad a la Revolución Francesa, que desarrolla la concepción unitaria del estado – nación, sociedad civil se asocia al dominio privado opuesto al estado. En 1821 Hegel introduce el concepto de sociedad civil a partir del cambio que se había producido al advenimiento de la modernidad política.

Distingue lo civil de lo político, la sociedad del estado, estableciendo una dialéctica y una contradicción que es motivo de estudio hasta nuestros días. Distintas han sido las aplicaciones de la idea definida por Hegel, a punto tal, que las variantes históricas que ha tenido el concepto nos muestran claramente que es una noción conflictiva e ideológica.

Ha reaparecido con fuerza en la era de la globalización como resultado de la crisis del estado proveedor y del estado de bienestar y esta investida de múltiples connotaciones positivas.

La autonomía respecto del estado, la responsabilidad privada, la asunción por parte de los individuos de sus problemas, son un conjunto de valores positivos asociados al concepto. Pero también es cierto que, probablemente, con estas características, las organizaciones de la sociedad civil terminen siendo solo un lugar para organizar el reclamo a los distintos estamentos del estado o a los gobiernos en vez de ser el objeto mismo de ese gobierno y de ese estado.

O peor aun terminen desatando una lucha de todos contra todos por apropiarse de parcelas ínfimas de poder o de bienes. Quizás el pensamiento peronista de que constituimos un gobierno centralizado, un estado descentralizado y un pueblo libre aporte una visión particular de la participación de la sociedad civil en la vida institucional.

Porque la idea no debe ser exacerbar el conflicto sino resolver el conflicto por la vía de la integración de todos en la tarea común. Las organizaciones de la sociedad civil no deben ser un factor de presión sino un factor de poder como forma efectiva de construir una democracia social.

POR EDUARDO FLORES

Ex Senador PJ