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Efectos socioeconómicos: impacto de las tarifas en el consumo y en la gestión

11 mayo 2018

Por Norman Berra
Con un malestar socioeconómico que ya superó la etapa de latencia y pasó al plano de lo manifiesto, lo previsible es que los aumentos de tarifas impulsados en el último trimestre agudicen el cuadro de crisis. Como referencia, desde diciembre de 2015, la incidencia de las tarifas de gas, luz y agua se triplicó en el gasto de los hogares porteños: pasó del 2,45 al 7,8%. Así, mientras en esos 27 meses (a marzo de 2018) la inflación promedio fue del 89,4%, las tarifas promedio de gas tuvieron un incremento del 360,6%, el servicio de agua el 370,8% y la electricidad el 1.036,7%. Aunque esos incrementos tarifarios toman en cuenta la tarifa social, en proporción esos servicios pesan más (en torno del 10%) en los hogares más pobres. A nivel nacional, con los aumentos de gas natural y electricidad concretados entre 2015/18, esos servicios pasaron de representar el 1,4% al 7,4% del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7% al 14,5% de los ingresos del conjunto de los ocupados, según un informe de Cifra.

Una encuesta reciente (realizada en marzo) midió la percepción de los aumentos de tarifas en la era Macri en la zona metropolitana, sobre una muestra de 500 casos en Capital y Gran Buenos Aires (GBA). En el apartado sobre “Humor social”, una de las preguntas que realizó la consultora Grupo de Opinión Pública fue “¿cuánto siente que le aumentaron las tarifas desde que asumió Macri?” El 25,8% dijo 300%, el 22,5% 500% y un 19,3% más del 1.000% (ver datos abajo; click para agrandar). La percepción del impacto fue transversal a todas las clases sociales. La consultora Analogías, por su parte, realizó un estudio de 3.985 casos en provincia de Buenos Aires, que arrojó que el 83,9% de los bonaerenses cree que los aumentos de servicios públicos impactan “mucho o bastante” y 76,2% pide “congelamiento de tarifas”. Para más datos, Analogías indagó a los bonaerenses si estaban enterados de los anuncios del gobierno de baja del índice de pobreza durante el 2017: el 66% contestó que sí sabía, pero sólo el 25% le cree, mientras que el 61% piensa que ese dato es falso. A nivel de expectativas, el 67% no espera un buen año en materia de economía, ya que el 35% opina que habrá estancamiento y el 32% más recesión; apenas un 21% espera el crecimiento. Respecto a la pauta inflacionaria para el 2018 (15%), el 88% de los bonaerenses espera valores mucho más altos. Lo mismo ocurre con la desocupación: el 53% piensa que será mayor, el 21% igual y sólo el 18% que será menor.

Las encuestas realizadas a nivel nacional también confirman cómo el malestar permea en la economía doméstica de los argentinos. Un estudio de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) sobre una muestra de 976 casos en Capital y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza arrojó que un 48,3% asegura que su sueldo “no le alcanza para llegar a fin de mes”, un 52% dice que su situación es “peor” que el año pasado y un 46% cree que será “peor” en el próximo. Sin duda, la mayor incidencia de los servicios en la economía familiar es uno de los factores que permite entender el estancamiento del consumo en lo que va de la gestión Cambiemos. Según un informe de Ecolatina, “el consumo masivo es una de las variables más golpeadas de los últimos años. En 2016, la actividad económica disminuyó casi 2% interanual, mientras que el consumo masivo se redujo más del doble (-4%). El año pasado el PBI trepó casi 3%, a la par que el sector bajo análisis acumuló su segundo año consecutivo de caída (-1%). De este modo, mientras que entre 2015 y 2017 la actividad agregada registró un avance de 1%, el poder adquisitivo se redujo 1,1% y el consumo masivo marcó un retroceso superior a 5%”.

Como hemos explicitado frecuentemente, una de las premisas analíticas que nos guía es que a mediano y largo plazo son los efectos socioeconómicos los que construyen las tendencias de opinión pública, más allá de los vaivenes de la coyuntura. Otra de las premisas claves se relaciona con aquella, y es la siguiente: no hay opinión pública por un lado y mercado por otro, sino una comunidad que consume y que vota, y entre ambas conductas (voto, o en sentido más general, aprobación o no de gobiernos y figuras políticas, y consumo) hay vasos comunicantes (aunque no lecturas lineales). Vale decir, si el consumo masivo se ve afectado durante suficiente tiempo (mediano o largo plazo), en algún momento eso afectará también la percepción del desempeño del gobierno. Eso es lo que surge del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) medido por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que en abril de 2018, registró el menor nivel desde que la administración de Cambiemos llegó al poder. Según el último informe, el valor de ese mes fue de 2,07, lo que significa una caída de 11% respecto de marzo (2,32). “Se trata del menor nivel registrado durante la administración de Mauricio Macri, algo por debajo del anterior piso de 2,24 puntos alcanzado en julio de 2017. En términos interanuales la caída fue del 21%”, afirma el informe. Como marco interpretativo, según el estudio, “dicha evolución negativa general refleja un contexto en que el debate público tematiza las nuevas subas de tarifas de servicios públicos, la imposibilidad de alcanzar la pauta de inflación del gobierno, y varios conflictos de intereses y/o inversiones cuestionables por parte de importantes funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Reforzando la convergencia entre política y consumo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) medido por la misma entidad también cayó en abril un 8,5% con respecto al mes de marzo y un 13,2% en la comparación interanual, es decir, comparado con abril de 2017 (ver datos arriba; click para agrandar).

Fuente: Clima de Opinión

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